Una “súper Fiscalía” con súper poderes

María López
VICTORIA, Tam.- En un plazo no mayor a 60 días, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) asumirá el control de diferentes organismos que actualmente están en el organigrama del Gobierno Estatal.
Los diputados del PRI y PAN y la diputada sin partido Nancy Ruiz, sumaron 19 votos y aprobaron el dictamen que reforma diversas leyes de Seguridad Pública, la FGJ tendrá bajo su mando la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas (UIFE), que ahora opera como parte de la Secretaría de Finanzas.
También controlará el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, y el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) donde opera el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), algunos de sus integrantes han sido acusados de ejeuciones extrajudiciales.
El Fiscal, Irving Barrios Mojica, que tomó protesta a su cargo hasta el 2027, designará y removerá al Secretario Ejecutivo, dependencia que opera los Centros General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4) y el C5 instalado en Reynosa, mismos que operan y controlan las más de 5 mil cámaras distribuidas en todo el estado.
Del Secretariado también depende el funcionamiento del número de emergencias 911, que enlaza a todas las corporaciones de auxilio, así como la Coordinación General del Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza, cuyos titulares serán designados y removidos libremente por el Fiscal General.
Además, los recursos materiales, económicos y humanos de las dependencias, se transferirán a la Fiscalía General de Justicia, para que ésta a su vez, los asigne como corresponda.
De acuerdo con el dictamen, “con la integración del Secretariado Ejecutivo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, se reforzará la vigilancia en el adecuado desarrollo de las bases de datos y los registros administrativos del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Además de impulsarse la elaboración de estudios, estadísticas, investigaciones y análisis sobre seguridad pública, así como integrar la información sobre los padrones vehiculares, vehículos robados y recuperados que permita conocer el contexto y la capacidad institucional del estado en materia.
A la Fiscalía del Estado también se integra el Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas, conocido como CAIET, organismo al que están adscritos los GOPES, el Grupo de Operaciones Especiales, que fue creado como una división policiaca de élite para enfrentar a la delincuencia organizada.
Otras modificaciones aprobadas el pasado viernes en una maratónica sesión del Congreso que enfrentó a morenistas y panistas durante varias horas, corresponde al manejo que ahora tendrá la Fiscalía del Estado, de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas (UIFE), que actualmente está en el organigrama de la Secretaría de Finanzas.
Tiene la tarea de investigar los delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y está conformada por las áreas de Análisis, Fiscalización Estratégica y Ministerio Público Especializado en Delitos Fiscales, Financieros y Patrimoniales.
En 2020, destapó el caso del presunto uso de empresas factureras entre el 2012 y el 2016 para desviar recursos públicos del Gobierno del Estado, señalando a ex funcionarios estatales.
Recientemente también se encargó de las investigaciones contra los alcaldes morenistas Eduardo Gattás de Victoria y Carlos Peña de Reynosa, este último incluso tiene una orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con estas modificaciones, la Fiscalía General de Justicia (FGJT) y su titular, Irving Barrios Mojica, tendrá más atribuciones, que se restarán al gobernador del Estado.
Para los diputados de Morena, esta iniciativa que fue publicada ya en el Periódico Oficial del Estado el 1 de julio, solo crea una súper fiscalía.
Entre la iniciativa aprobada, también se incluyó una carta de antecedentes de no corrupción que será obligatoria para los proveedores de los gobiernos del estado y los ayuntamientos, misma que será expedida por la Fiscalía Anticorrupción con un costo de 299 pesos.
La bancada de Morena requiere una mayoría calificada de dos terceras partes de la votación, para poder sustituir al Fiscal Irving Barrios, quien ahora será el encargado de un robusto aparato de dependencias.