A un año, la masacre de Camargo sigue sin castigo

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- La audiencia intermedia contra los 12 policías estatales acusados del asesinato de 19 personas, 17 de ellos migrantes centroamericanos, en una brecha del ejido Santa Anita del municipio de Camargo, fue diferida por segunda ocasión.

La primera fecha para la audiencia fue el 8 de diciembre del 2021, sin embargo, tres abogados de la defensa, argumentaron no haber tenido acceso a todas las pruebas, entre ellas algunos vídeos, presentadas por la Fiscalía en contra de los elementos policiales, por lo que pidieron más tiempo.

En la audiencia del pasado 21 de enero, uno de los abogados señaló que no había revisado las imágenes del video que la Fiscalía considera son prueba de la responsabilidad de los policías en los hechos que se les imputan.

El Juez de Control concedió una nueva prórroga, fijándose el 3 de febrero como la nueva fecha para la audiencia en cuanto hace al caso en el proceso local, en que se acusa a los 12 policías estatales, ocho de ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad.

En cuanto al fuero federal, la Fiscalía General de la República (FGR), mantiene abierta una carpeta por el delito de tráfico de personas.

El 22 de enero fueron localizados los cuerpos de 19 personas, en una brecha del ejido Santa Anita del municipio de Camargo, cerca de los límites con Nuevo León, 15 fueron encontrados en la caja de una camioneta, con 113 impactos de bala, dos más en la cabina de la misma y otros dos cerca de la puerta del piloto y copiloto.

De acuerdo con la Fiscalía de Tamaulipas, los policías persiguieron y dispararon contra las 19 personas (16 guatemaltecos, un salvadoreño) y dos mexicanos (polleros), que buscaban llegar a Estados Unidos.

Luego prendieron fuego a las dos camionetas en que se trasladaban las personas, una Chevrolet  Silverado y otra Toyota Sequoya y recogiendo del lugar la mayoría de los casquillos que dispararon, tratando de borrar evidencia de su participación en estos hechos.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometió ante el embajador de Guatemala en México, Mario Bucaro a hacer justicia e indemnizar a los familiares de las víctimas.

La promesa de una compensación económica para reconstruir un proyecto de vida como medida de mitigación y reparación del daño, aún no ha llegado, según refieren algunos de los familiares de los migrantes que partieron desde Comitancillo y algunos pueblos cercanos en Guatemala, en busca de un mejor futuro para sus familias y que perdieron la vida en una brecha de Camargo, a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. señala que ya es un año sin respuestas, sin saber el porqué de la tragedia, cómo ocurrió y quién la ordenó, qué otras autoridades y a qué niveles están involucrados, pero también sin que haya llegado la prometida reparación integral del daño.

“365 días sin saber si esos 12 policías estatales detenidos son los únicos culpables o si hay más servidores públicos involucrados en la masacre”. Señala que en Tamaulipas han tenido lugar, por lo menos, cinco de las masacres ocurridas en los últimos años en México en contra de personas migrantes.

“Sin que se investigue con la debida diligencia y con un enfoque de macrocriminalidad la relación entre autoridades y las redes criminales (de narcotráfico, trata y tráfico de personas) que persisten al día de hoy”.

Entre las irregularidades que destacan en el caso de esta masacre, señalan investigaciones fraccionadas entre el fuero local y federal, “lo que abona a la impunidad y a no mirar el caso en su integralidad”.

Sin lógica de macrocriminalidad transnacional, que lleve a la articulación entre las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos, además que no considerar el contexto en el que se han dado las otras masacres.

“No integrar a las víctimas al proceso, esto a pesar de que se cuenta con un mecanismo especializado para ello (el Mecanismo de Apoyo Exterior liderado por FGR), no investigar de manera efectiva a los agentes del estado involucrados, incluyendo a integrantes del Instituto Nacional de Migración; las víctimas no han recibido un apoyo integral por parte, ni de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) ni de la Comisión Estatal de Víctimas de Tamaulipas”.

Urgieron a las fiscalías de Tamaulipas y de la República a investigar bajo un enfoque de macrocriminalidad, “es decir, que no se fraccione la investigación y para ello deberán de acumularse las investigaciones del caso (local y federal), cuyo objetivo sea esclarecer los hechos, la responsabilidad de todos los actores estatales o no  y a todos los niveles, así como la intervención del personal del Instituto Nacional de Migración”.

A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas a integrar de manera efectiva en la investigación a las víctimas e informarlas constantemente sobre los avances y que emita un dictamen sobre la reparación integral del daño en favor de cada uno de los familiares de las víctimas.

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a emitir una Recomendación en relación con la queja CNDH/5/2021/593/, y a las diversas autoridades involucradas por las graves violaciones a derechos humanos que cometieron, así como que apremie a la CEAV de Tamaulipas, que de forma imperiosa lleve a cabo la reparación del daño integral en favor de las familias.

También a la República de Guatemala, país de origen de las víctimas, a mantener el monitoreo de protección a derechos a sus conciudadanos, “a las familias que exigen justicia y verdad, desde una visión de acceso a la justicia transnacional y de cooperación entre Estados”.

Destaca que ára evitar tragedias de esta magnitud, es indispensable que se esclarezca con prontitud y certeza lo sucedido y como una garantía de no repetición, urgieron a  que el Gobierno federal dé un giro a su política migratoria actual.

“Pues ha orillado a las personas migrantes a buscar métodos y rutas más peligrosos, que fomenta que el crimen organizado y autoridades coludidas realicen actividades ilegales, aprovechándose de la vulnerabilidad y necesidad de las personas migrantes, y que no protege ni respeta los derechos humanos”.