Avanza Morena en recuperación de terrenos en Miramar

Perla Reséndez
VICTORIA, Tam.- En medio de protestas, acusaciones y alegatos entre diputados del PAN y Morena, avanzó por unanimidad de votos la iniciativa de decreto para derogar el decreto 64-609 y con ello declarar nulos los actos de compra-venta que se realizaron con varias empresas.
De acuerdo con Humberto Prieto Herrera, el citado decreto se incumplió, pues no hay
evidencia de un verdadero aprovechamiento económico y social de impacto positivo en la colectividad.
“Por el contrario, existe una afectación real al patrimonio del Estado que nos obliga a reparar el daño ocasionado que sin lugar a dudas afecta a la sociedad tamaulipeca”, señaló.
De acuerdo con el citado decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de agosto del 2021, se autorizó al Gobierno del Estado enajenar cinco inmuebles ubicados en playa Miramar, para que fueran destinados a proyectos turísticos con capital privado, a través de licitación pública.
El 17 de febrero, el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que su gobierno recuperó 5.8 hectáreas de terrenos que indebidamente estaban en manos de particulares.
Se estimó que los lotes podrían representar un derrama económica aproximada de entre 800 y mil millones de pesos a través de inversiones para proyectos hoteleros, condominios o centros comerciales.
La proyección era de 500 a 700 nuevos cuartos de hotel en estos neuvos hoteles, así como 50 condominios y la generación de hasta mil 100 empleos directos durante la construcción de las obras.
En aquella época, la entonces asesora jurídica del Gobierno del Estado, Hilda Gómez Gómez, explicó que los cinco terrenos recuperados, fueron materia de una indagatoria integrada por la Fiscalía anticorrupción.
La misma fue llevada ante la autoridad judicial y culminó con la entrega de bienes como pago en reparación del daño causado al Estado, según lo que se informó por parte de la entonces funcionaria.
El 17 de marzo del 2022, se hizo la compra-venta de tres de los cinco lotes a la empresa Hospitals & Investments S.A. de C.V. por 158,356,003.00 pesos, con un plazo de pago de 8 años, empezando a pagar en 1bril del 2025 hasta marzo de 2030, con 3 años de gracia para el pago del capital e intereses.
Luego el 26 de septiembre del 2022 se hizo el contrato de compra venta de otros dos inmuebles a la empresa Discovering México Destination Club S.A.P.I. de C.V. por 106,287,890.00 pesos, pagaderos a partir del cuarto año de la firma del contrato y hasta los 8 años.
Luego de una revisión a ambos contratos, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, señaló algunas irregularidades y omisiones, entre otras que no entregaron el flujograma de obra, donde se indiquen plazos de la ejecución del proyecto.
Además que las áreas dictaminadoras (Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio ambiente), emitieron dictámenes en sentido negativo a los proyectos ejecutivos.
“Queda evidenciado que los proyectos presentados por “Hospitals & Investments” y “Discovering México Destination Club” no cumplen de manera general con los aspectos técnicos, financieros y de impacto en el desarrollo turístico, además de no haber exhibido en ningún caso el flujograma de obra requerido.
En el caso de la primera empresa, se señala además que la documental presentada no cumple con los requisitos de un proyecto ejecutivo, “al no contener la información legal, financiera, económica, social, arquitectónica e ingenieril que permita cuantitativa y cualitativamente analizar la viabilidad del proyecto”.
Sobre la información de los empleos no se establece el impacto presupuestal que tendrá en la localidad, no se ha garantizado el número de empleos ni el periodo en que se generarán, pues aún no se tienen ninguno.
Además y entre otras consideraciones, “el esquema financiero de pago es notoriamente benéfico para las empresas ganadoras de la licitación, sin que el Estado perciba beneficio en dicha transacción”.
Se señala que el artículo 75 de la Ley de Bienes de Tamaulipas, prevé una pena de prisión de uno a cinco años a quien a sabiendas de que un bien es propiedad del Estado, lo use o aproveche sin la autorización respectiva, lo que se señala, han incurrido ambas empresas.
Por ello, se pide dar vista a la Contraloría Gubernamental, para que conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Tamaulipas y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos inicie los procedimientos correspondientes y determine las responsabilidades por actos y omisiones derivados del Decreto.
La iniciativa de decreto será votada en sesión extraordinaria del Congreso a la que se convocó este miércoles a partir de las 18:00 horas.
PARTICULARES BUSCAN RECUPERAR DICHOS TERRENOS
El pasado 11 de septiembre, el abogado José Isabel Luna Chávez, en representación del Grupo Inmobiliario Cormon S.A. de C.V., denunció que a través de la extorsión durante la pasada administración estatal se despojó de terrenos a su cliente.
Explicó que a través de una investigación “fabricada”, se logró extorsionar a un grupo de empresarios y una empresa, a quienes después despojó de terrenos en Ciudad Madero.
Denunció un entramado que involucra a un juez, ministerios públicos y al menos 15 ex funcionarios, explicando que tras “sembrar” un expediente penal, se libró una orden de aprehensión en contra del apoderado legal Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, y con eso extorsionan a la empresa, para despojarla de sus terrenos.