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Filtros removedores de arsénico: el costoso y simulado compromiso para La Laguna

Filtros removedores de arsénico: el costoso y simulado compromiso para La Laguna

 

* Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.

El gobierno de Enrique Peña Nieto invirtió más de 150 millones de pesos en la instalación de filtros antiarsénico en la Comarca Lagunera de Coahuila, sin embargo, la mayor parte de esa infraestructura nunca operó y sólo sirvió para la foto que le ayudó a promocionar el programa como uno de sus compromisos cumplidos. Hoy día los equipos se deterioran sin que se finquen responsabilidades ante el despilfarro o la fallida implementación de la medida, mientras que la ciudadanía sigue bebiendo agua con arsénico.

 

Por  Luis Alberto López y Jessica Ayala Barbosa / Plaza Pública 

Durante su campaña para buscar la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto firmó 266 compromisos a lo largo de las 32 entidades federativas en diversos rubros. 

La Comarca Lagunera -una región conformada por los estados de Coahuila y Durango- no fue la excepción. Entre los proyectos emblemas que prometió estaba atender el problema del hidroarsenicismo mediante la aplicación de tecnología que permitiera potabilizar el agua a pie de pozo.

En el caso concreto de Coahuila, el cumplimiento fue falso, pues no se instalaron 29 plantas removedoras del metaloide previstas como parte del Compromiso de Gobierno CG-114, aunque la página oficial del expresidente lo marcó de manera contraria con la construcción de 18 filtros.

Cabe destacar que el 28 de marzo de 2017, el entonces Director de CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra, afirmó que el proyecto representaría una inversión de 317 millones de pesos para Coahuila y 285 para Durango.

Aunque la sumatoria de obras obtenida vía la respuesta a la solicitud 330009422001491 establece que fueron gastados 154 millones 304 29 pesos en el primer estado. 

Sin embargo, a cuatro años de terminado ese gobierno las deficiencias en la planeación de esta infraestructura y la simulación en torno a su funcionamiento están a la vista. 

En un recorrido realizado por el equipo de Plaza Pública por los municipios de Matamoros y Francisco I. Madero, donde fue anunciada la colocación de una parte de estos mecanismos, se comprobó que las obras están abandonadas desde hace años y nunca fueron conectadas a la red, según declaraciones de las propias autoridades de los organismos operadores de agua. 

El gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Matamoros, Servando Zárate Muñoz, dijo que no tienen ningún documento que compruebe que le fue entregada esta infraestructura al sistema. 

“No forman parte del sistema estos filtros y seguramente fue porque no los entregaron en su momento. Esto es lo que hay y lo que tengo, lo resguardo como un área del sistema”, comentó Zárate Muñoz.

Detalló que en total cinco pozos municipales tienen infraestructura inconclusa de los filtros y lamentó que una inversión millonaria no fuera concluida ante la grave problemática que presenta el agua contaminada con arsénico en Matamoros y toda La Laguna. 

“Son obras millonarias, costosas y el sistema no tiene la capacidad en el municipio para una obra de esta naturaleza, el gasto ya está. Vamos a solicitar información a la Conagua y si hay algún expediente en razón de la entrega”, dijo el gerente de SIMAS del municipio de Matamoros.

Por su lado, Jorge Lorenzo Dorantes Dávila, gerente del SIMAS San Pedro, refirió que cuando llegó a la dirección del organismo operador buscaron información de los filtros y nada encontraron.

“Cuando nosotros arribamos a la gerencia nos dimos a la tarea de buscar alguna papelería para ver si esos sistemas fueron entregados y no encontramos ningún documento que lo avale. No existe en SIMAS ningún documento que avale eso”, indicó el funcionario.

Explicó que los empleados del sistema le dijeron que los pozos nunca fueron conectados y que nada más se tomaron fotos para presumir su conclusión por parte del gobierno peñista.

Además mencionó que en algunos casos los filtros están colapsados junto con pozos que presentaron fallas porque se agotaron las fuentes de abastecimiento.

“Nosotros tenemos un pozo que está totalmente colapsado y los dueños del terreno han estado reclamando su terreno. Lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo con la Conagua para retirar lo que queda de esos filtros y resguardarlos en otro lugar”, recalcó Dorantes Dávila.

El gerente de SIMAS San Pedro lamentó que estas obras nunca funcionaron, pues hubieran servido para garantizar agua de mejor calidad para la población.

“Nosotros no contamos con recursos para implementar este tipo de filtros y sabemos que seguramente fue una cantidad millonaria la que se invirtió ahí. Es lamentable que no hayan funcionado porque eso le hubiera permitido al pueblo de San Pedro tener agua de mayor calidad”, comentó.

Con relación al funcionamiento de estos filtros, el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez respondió que los colocados en seis pozos municipales no funcionaron y reflejan la corrupción de gobiernos anteriores. 

“Son filtros millonarios y ustedes lo saben, jamás funcionaron. Ahí están echándose a perder”, aseveró el presidente municipal.

En otros municipios como Torreón sí operaron los mecanismos, aunque los gobiernos municipales dejaron caer la infraestructura luego de que la Conagua se las entregó. 

El primer regidor e integrante del Consejo Directivo del SIMAS Torreón, Luis Jorge Cuerda expuso que todos los filtros antiarsénico que tiene el sistema ya funcionan tras las reparaciones de que fueron objeto al inicio de la administración. 

“Los filtros en los pozos están funcionando y lo que se está buscando es que los pozos cumplan precisamente con la norma que entró en vigor en mayo. Se están analizando inversiones a realizar, que pueden ser desde comprar más filtros para ponerlos en sitio o buscar filtros en domicilios o potabilizadoras”.

Refirió que ante las averías encontradas en la infraestructura de filtración presentaron denuncias contra quien resulte responsable de la pasada administración municipal (2019-2021).

“Sí se presentó y dentro de la entrega-recepción se hizo la precisión pertinente. Es algo que ahora obra en la Fiscalía”, añadió.

 

Un proyecto mal ejecutado

Para Miguel Ángel Hernández Muñiz, abogado y director general del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, la instalación de filtros antiarsénico fue una propuesta de buena fe del Estado Mexicano que nunca se materializó a pesar de la millonaria inversión, y al final del día son los ciudadanos los más afectados, mientras que para los responsables de que no estén operando no hay ninguna consecuencia. 

Señaló que lo primero que tendría que buscar la autoridad es que se cumpla lo convenido en el programa, del que se desprenden contratos, y después, ante la falta de cumplimiento, fincar responsabilidades para servidores públicos o empresas. 

“Las empresas a las que les fueron asignados estos contratos tenían la obligación de entregarlos, si no lo hicieron, claro que hay responsabilidad administrativa, civil, incluso penal, por el tema del que se trata, pero estas empresas de entrada tienen una fianza para el cumplimiento de esta obligación”, dijo el activista.

Consideró que la Conagua ha sido irresponsable al no hacer valer todos los mecanismos jurídicos y administrativos que tenía a su disposición para la instalación de todos los filtros comprendidos en el programa, así como al no haber desarrollado un programa de seguimiento en los que sí se concretaron y no haber garantizado los recursos necesarios para operarlos. 

“Me queda claro que la operación de los mismos era muy alta y que representaba un costo que fue más fácil para muchos sistemas a los que sí se los entregaron dejar de operarlos”, argumentó. 

No obstante lo anterior, debe fincarse responsabilidad, “tanto administrativa como civil, porque aquí de lo que se trata es del manejo de recursos”, subrayó. 

 

No hay consecuencias para el incumplimiento

 

A través de la solicitud de información 330009422001491, la Conagua descartó que haya una denuncia o procedimiento administrativo interpuesto contra los municipios laguneros y el Gobierno de Coahuila ante la no conclusión de 10 filtros (tres en Torreón, tres en San Pedro, tres en Matamoros y uno en Viesca). 

Detalló también que “se da seguimiento continuo para gestionar y registrar avances del  reintegro del presupuesto”.

“A la fecha, el Gobierno del Estado de Coahuila ha reintegrado a la  Tesorería de la Federación, por concepto de saldos no devengados de los presupuestos de  ejercicios anteriores, un importe por $48’418,636.52 (cuarenta y ocho millones cuatrocientos  dieciocho mil seiscientos treinta y seis pesos 52/100 M.N.), quedando en proceso de reintegro  por ese concepto, un importe por $25’020,475.80 (veinticinco millones veinte mil cuatrocientos  setenta y cinco pesos 80/100 M.N.)”, añadió la dependencia federal. 

Al respecto, Hernández Muñiz señaló que la Conagua debió primero requerir al contratista para que cumpla con el objeto del contrato: la instalación y puesta en marcha de los filtros. 

“Aquí lo lamentable es que aún cuando cambió la administración federal, sigue siendo lo mismo. Al Estado Mexicano estos asuntos o no le interesan, los tapa o les va dando vueltas. Han pasado casi cuatro años y nos queda claro que no ha pasado nada”, dijo Hernández Muñiz. 

Puntualizó que ante la falta de cumplimiento el gobierno tiene acciones a su disposición, pero si deja pasar mucho tiempo y no las ejerce, puede fenecer la posibilidad tanto de buscar la recuperación del recurso o la aplicación del contrato.

“Fueron casi 300 millones de pesos los que se invirtieron en estos filtros y no los vemos funcionando o en términos materiales no hay un beneficio para la población, seguimos consumiendo agua con arsénico”. 

Plaza Pública cuestionó en una rueda de prensa posterior a una reunión con empresarios a Eduardo Aarón Fuentes Silva, director del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Conagua, sobre el estatus de esta infraestructura y evadió responder con el argumento de que la conferencia no era para eso. 

También se solicitó vía transparencia a la Auditoría Superior de la Federación información sobre la revisión realizada a los recursos ejercidos para el compromiso presidencial peñista, aunque respondió que “no se identificó auditoría alguna relacionada con el tema”.

 

La medición opaca y el doble discurso

Plaza Pública solicitó vía transparencia a los cinco organismos operadores de agua de La Laguna de Coahuila sus mediciones en torno a la presencia de arsénico en el líquido que se extrae de sus fuentes de abastecimiento, aunque el resultado fue opaco y poco claro en algunos casos. 

El SIMAS San Pedro presentó estudios de hace cuatro años en algunos pozos y donde refieren los niveles son inferiores a la NOM-127-SSA1-1994, pero esto contrasta con la información del Análisis Costo Eficiencia del Proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, elaborado por la Conagua, que marca que sus seis pozos rebasan los límites vigentes de 0.25 mg/l con corte a 2020.

El SIMAS Rural (que abarca parte de los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca) contestó con las instrucciones para buscar estos documentos dentro de su apartado obligatorio en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI). Los datos disponibles a marzo de 2022 marcan que 12 de sus 19 pozos rebasan la norma oficial vigente.  

Por su lado, el SIMAS Madero no respondió y en la información pública de oficio carece de detalles en torno a las mediciones de arsénico. El documento de “Agua Saludable para La Laguna” refiere también que en todas sus norias se excede el nivel permitido del metaloide. 

El sistema operador de Matamoros contestó de manera parcial, pues argumentó tener el registro de sólo tres de sus siete fuentes de abastecimiento y en todas las norias de las que tiene información se excede la NOM-127-SSA1-1994.

Cabe destacar que estos datos contrastan con las declaraciones de los gerentes de los sistemas de San Pedro y Matamoros, quienes reconocieron la problemática del arsénico y refirieron que hay un monitoreo constante del agua de los pozos. 

Sin embargo, el único sistema de aguas que está al día en cuanto a sus mediciones y las hace públicas es el de Torreón, que las tiene transparentadas en la información pública en el ICAI. 

Aunque este municipio se enfrenta a una carrera contra el tiempo ante las modificaciones que la NOM-127-SSA1-1994 tuvo en mayo pasado y que dan un año para que municipios con más de 500 mil habitantes bajen las concentraciones de arsénico de 0.025 miligramos por litro a 0.01 miligramos por litro.

Cuestionado en torno a las acciones que tendrán que tomar, el consejero del SIMAS Torreón, Luis Jorge Cuerda respondió que analizan opciones.

 

“Se están analizando diversas acciones en ese sentido. Una es poner potabilizadoras en las casas y poder dar el líquido a un costo accesible. Sin embargo, dentro de los sondeos que se realizaron por el mismo sistema un 98 por ciento de los usuarios no utilizan o beben directamente del grifo, todo el mundo ya tiene la costumbre de comprar agua en garrafones o bolsas”.

Dudas sobre el compromiso con la salud

 

Aunque hay quienes dudan que se puedan cumplir estos objetivos. El activista Miguel Ángel Hernández Muñiz calculó que más del 80 por ciento de los pozos de Torreón no van a cumplir con la norma y los datos públicos del SIMAS le dan la razón.

Dijo que la diferencia de plazos para cumplir con la norma revela que para el Estado Mexicano hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. 

“Eso me parece muy delicado y vergonzoso. Si nosotros generamos políticas públicas, éstas son generales y permiten que todas las instituciones participen para la atención de un problema”.

Señaló que se sigue jugando con la salud de la gente que ve mermada su calidad de vida por las enfermedades crónico degenerativas derivadas de la presencia de arsénico en el agua. 

Refirió que han buscado que se reconozca la enfermedad que ha denominado Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico a fin de que se atienda como un asunto de salud pública. 

De acuerdo con los científicos que trabajan de la mano del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, hay entre 250 mil y 450 mil habitantes de la Comarca Lagunera afectados por la presencia de arsénico en el agua. 

“Esos son datos, pero hay personas con nombre y apellido, de carne y hueso a las que nosotros conocemos, que su familia está destrozada porque la amputaron, le acaban de detectar cáncer en el estómago, tiene enfermedades renales, diabetes”, dijo Hernández Muñiz. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el arsénico es una de las 10 sustancias que considera más preocupantes para la Salud Pública. 

El organismo advierte que su exposición a corto plazo ocasiona intoxicación aguda que incluye vómitos, dolor abdominal y diarrea. Luego pueden aparecer otros efectos como entumecimiento u hormigueo en las manos y los pies o calambres musculares y, en casos extremos, la muerte. 

A largo plazo las consecuencias son cáncer de vejiga y de pulmón. También puede ocasionar problemas relacionados con enfermedades pulmonares, cardiovasculares y diabetes. 

El propio documento Análisis Costo Eficiencia del Proyecto “Agua Saludable para La Laguna” contiene el extracto de análisis científicos que coinciden con lo anterior, aunque organizaciones civiles señalan que no existe un padrón oficial sobre enfermos por este malestar.

Los vemos como temas aislados, pero no vemos lo que generó esa enfermedad crónico degenerativa, por eso insistimos en que se tienen que generar políticas públicas y una reeducación en el sector salud para ver con ojos distintos las enfermedades que hoy en la Comarca Lagunera se están presentando”, explicó. 

Para el activista la clave para resolver el problema del hidroarsenicismo es la voluntad política y financiera, sin embargo, la inversión para el tema es nula, pareciera que no existe. 

Es por ello que el CIADH  busca, a través de un litigio federal, que el Poder Judicial de la Federación obligue al Estado Mexicano para que genere políticas públicas que atiendan el problema. 

Sin embargo, se han topado con una gran contradicción: a pesar de presumir las acciones y programas que emprenden para abatir el hidroarsenicismo, en los diferentes juicios que ha emprendido la asociación lo primero que hacen los representantes jurídicos del presidente de la República, del gobernador y de las diferentes instituciones es negar la existencia del acto reclamado. 

“Me parece muy grave porque frente a una autoridad federal niegas que existe ese problema, pero afuera en el discurso hasta publicidad haces. Hay una gran demagogia discursiva y hay pobre voluntad política para atender un problema de salud pública que se llama Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico”, resumió el director del CIADH. 

La problemática del arsénico en el agua en regiones como La Laguna es un tema recurrente en los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de la necesidad de regular la sobreexplotación de los mantos acuíferos y rechazar la implementación de mecanismos removedores del metaloide.

“No vamos a tener plantas para quitar arsénico al agua como sucede en La Laguna. Eso no se puede”, expresó el 8 de agosto de 2022 durante “la mañanera” en que fue cuestionado en torno a las acciones de regulación de la industria. 

Contrario a las declaraciones, la OMS sí incluye entre sus recomendaciones para la prevención y control del consumo del metaloide la instalación de sistemas de eliminación del elemento químico. 

Su administración tampoco ha dado seguimiento a las repercusiones generadas por la ingesta de arsénico, es decir, las enfermedades desarrolladas por los pobladores de la Comarca Lagunera.

Además de que el proyecto Agua Saludable para La Laguna, que presumió en su Cuarto Informe de Gobierno y como una alternativa para que los habitantes de esta región ya no consumieran el líquido contaminado, presenta avances mínimos de apenas un 10 por ciento, según consignó Milenio el 21 de octubre pasado. 

Sin embargo, el discurso se queda ahí y las sanciones o investigaciones en contra de infraestructura millonaria incompleta o mal ejecutada sigue pendiente. 

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