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Páneles solares con futuro incierto con nueva reforma

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- La contra reforma elétrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, inhibe la libertad de invertir en energías limpias, por lo que los páneles solares en hogares y empresas serían ilegales.

La propuesta de reforma, establece la cancelación de contratos de compra venta de energía eléctrica entre privados y la empresa productiva del estado, lo mismo para las solicitudes pendientes de resolución.

“Conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales de este Decreto, se constituye al Estado en el responsable del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que el mismo día de la entrada en vigor del presente Decreto, se instala dicho sistema en los términos siguientes:

1.- Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución”.

Es el artículo segundo transitorio de la iniciativa del Ejecutivo Federal, que señala que la CFE terminará relaciones comerciales con los usuarios de páneles solares.

Sobre esto, la Secretaría de Energía Rocío Nahle escribió en su cuenta de Twitter el pasado 6 de octubre al señalar que los páneles solaes en casas habitación, edificios, pozos de agua, núcleos rurales, etc., denominados “generación distributiva”, desde el inicio de la presente admiistración federal, se han promovido su uso y financiamiento a través de Fidemx (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica). “La Reforma Eléctrica no plantea eleiminar esto, al contrario”, escribió.

“La transición energética se desarrolla en este tipo de tecnología intermitente, que colocando paneles en los hogares beneficia directamente al usuario. El ahorro de energía se refleja en ahorro económico familiar”, señaló en un hilo de Twitter la titular de Energía.

Esa misma fecha por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que en redes sociales y en los medios comvencionales hay mucha desinformación.

“Es que reparten mucho dinero los Iberdrola y todos ellos, y tienen campañas para asustar, para espantar, y mienten como respiran”, expresó el Ejecutivo Federal en su rueda de prensa matutina.

Se estima que en México hay una capacidad de casi 6 mil megawatts instalados de generadores de energía fotovoltaica, suficientes para alimentar tres cuartas partes del área metropolitana.

En Victoria, la capital de Tamaulipas, el Parque Fotovoltaico Bicentenario de Victoria, que entró en operación en 2016, ha generado casi 25 mil  megawatts por hora (MWh),  evitando la emisión de gases contaminantes de más de 12 mil toneladas de CO2, lo que equivale a sacar de circulación a casi 3 mil vehículos durante 1 año y dejar de consumir energía eléctrica en poco más de 2 mil casas anualmente.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al primer semestre del 2020, Tamaulipas tenía una capacidad instalada de 14.89 megawatts, un crecimiento del 55 por ciento, comparado con el mismo periodo del año anterior.

El año anterior, se registraron mil 753 contratos de familias tamaulipecas, para instalar páneles solares en sus hogares, siendo el municipio de Tampico, el que más interés tiene en este tipo de energía.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Solar, la radiación generada en Tamaulipas, se ubica en 4.8 kilowatts, potencial que aún hace falta aprovechar, asegura la comisionada de energía de Tamaulipas, María Antonieta Gómez López.

México Evalúa agrupo en cuatro las áreas de gran preocupación de esta reforma; señalando que los cambios en el diseño institucional del sector energético, darían pie a la hipercentralización del poder de la CFE, ya que estaría a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica, actuaría como órgano regulador y asumiría la reponsabilidad exclusiva de diseñar e implementar políticas públicas en materia de transición energética y de política industrial.

Además, se afectarían los derechos adquiridos, al dar por cancelados los permisos de generación y contratos de compraventa de energía eléctrica vigentes, se atenta contra el principio de no retroactividad y y de garantía de audiencia, calificándolos como expropiatorios.

En el ámbito de los derechos humanos y medioambiente, la asignación de facultades exclusivas a la CFE para llevar a cabo la transición energética del país implicaría, en lo inmediato, la imposibilidad de alcanzar los porcentajes comprometidos a nivel internacional para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, se fortalecería a la CFE, pero a costa de la pérdida de competitividad del país y del bienestar de la población; ya que, aunque se ha dicho que que las tarifas de bajo consumo residencial no aumentarán más que la inflación.

En las tarifas de alto consumo, incluyendo las tarifas industriales, los aumentos en costos se tendrían que reflejar en mayores precios finales, mismos que afectarían a todos los precios generales de la economía, por tratarse la electricidad de un insumo básico.

Por último, el impacto en las finanzas públicas sería sustancial, al señalar que en promedio el gasto anual en subsidiar tarifas eléctricas ha sido de 74.4 mil millones de pesos de 2016 a 2020.

“Para dimensionar el costo de oportunidad que representan estos subsidios: los 73 mi millones de pesos presupuestados para este fin representan el 71 por ciento de los recursos presupuestados en 2022 para el Insabi (103 mmdp) o el 94 por ciento del programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, que contará con 77.5 mmdp para 2022”.

Los subsidios eléctricos, señala México Evalúa, son de tal magnitud que se asemejan al total del Gasto federalizado del estado de Michoacán (72 mmdp) o Oaxaca (75 mmdp) para 2022, o incluso al presupuesto anual del Poder Judicial (76.7 mmdp). Asimismo, son superiores al presupuesto de la Secretaría de Turismo (65.6 mmdp) y la de Comunicaciones y Transportes (65.5 mmdp). De hecho, los recursos para las tarifas eléctricas son superiores al presupuesto de 21 de 26 secretarías de Estado o ramos administrativos.

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