Solo dejaron 7 millones para gasto, denuncia Américo Villarreal

Perla Reséndez

ALTAMIRA, Tam.- De los 56 mil millones de pesos que el Gobierno Federal envió a Tamaulipas como presupuesto para este año, al 1° de octubre, solo hay 7 millones de pesos, para el ejercicio del último trimestre, denunció el gobernador Américo Villarreal Anaya.
“Esto significa que hoy tenemos un déficit de 2 mil millones de pesos para el cierre de este año, para el gasto programado de los próximos tres meses”, explicó el mandatario en rueda de prensa esta mañana en Altamira.
La secretaria de Finanzas, Adriana Lozano, explicó que de los 7 millones de pesos; 4 millones corresponden a ingresos propios y 3 millones al Ramo 28, asegurando que los trabajadores del estado pueden tener la seguridad que recibirán el pago de su quincena.
Luego de presidir la ceremonia de honores a la bandera en el Ayuntamiento de ese municipio, el gobernador tamaulipeco dio cuenta del estado en que recibieron la administración estatal el pasado 1 de octubre.
Explicó que en el caso de la Secretaría de Salud, la empresa Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V. recibió un contrato multianual por 1,150 millones de pesos, pero solo ha suministrado el primer bimestre y parcialmente el segundo bimestre, lo que repercute de manera directa en el desabasto y en la calidad de los servicios de salud.
Villarreal Anaya señaló que en la Secretaría de Educación, donde hay desviaciones por 2 mil 096.5 millones de pesos, según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación.
En Seguridad Pública, denunció que no solo se reformaron ilegalmente leyes y diezmaron las competencias ejecutivas “para intentar una impunidad que no lograron, sino que dejan una secretaría desmantelada”.
Sin embargo, dijo que con las gestiones hechas con el Gobierno Federal, se garantiza la seguridad ciudadana; explicando que en el parque vehicular de Seguridad Pública, por ejemplo, de 785 unidades, solo se encuentran activas 343, lo que representa solamente el 43 por ciento.
“Y en el Centro Estatal de Ejecución de Sanciones, los inhibidores de señal son obsoletos y en consecuencia, inoperantes; por si fuera poco, el área de alimentos se encuentra en malas condiciones”.
En Bienestar Social, señaló que no hay bases de datos de los titulares de derecho, de programas alimenticios y generadores de cambio, apuntando que al 30 de septiembre, se ha ejecutado en 79 por ciento del presupuesto de gasto corriente.
“El proyecto “generadores de bienestar”, requiere cubrir un adeudo de 4 millones, con pago complementario a los 301 beneficiarios de septiembre, en su mayoría de Nuevo Laredo, Reynosa y algunos de Victoria”.
En la Secretaría de Obras Públicas, acusó falta de transparencia y desorden administrativo, “concentración de contrataciones, ampliación injustificada de los presupuestos contratados inicialmente, los números provocan suspicacia”.
Apuntó que en el sexenio se ejercieron 22 mil millones en obras, señalando que analizaron una sobrevaloración en obras que oscilan en 22 y 25 por ciento de las mismas.
“Este porcentaje corresponde a moches que se exigían”, señalando que el cálculo sería de 4 mil 800 millones de pesos que se exigieron en los seis años de la pasada administración.
“Durante el periodo 2017-2022 encontramos una inversión contratada por 22 mil 130 millones de pesos; las diez empresas con mayor recurso ejercido, representan solo el 1.8 de un universo de 561 empresas contratadas”.
Villarreal Anaya advirtió que el hecho de que trabajarán para resolver el desastre heredado, “no exime a aquellos que no cumplieron cabalmente con su responsabilidad y encargo, de responder legalmente por sus acciones y omisiones”.
En rueda de prensa a la que asistieron los secretarios de gobierno, Jesús Lavín Verástegui, de Administración, denunció que detectaron aviadores en puestos directivos, compensaciones fuera de tabuladores y firmas apócrifas.
“Extorsiones dirigidas a los servidores públicos, para que firmen por la percepción de una cantidad a la mitad o menos de la mitad de lo que estaban percibiendo y amenazas”, señaló como otros de los hallazgos.
Además de las basificaciones de 500 personas, de jefes de departamentos o superiores, con una antigüedad de menos de seis años, explicando que de los jefes de departamento hacia arriba en nivel jerárquico, que debían presentar su renuncia al término de la administración, solo lo hicieron el 26 por ciento.