Robles acusa presión para delatar a exfuncionarios
Animal Político
CIUDAD DE MÉXICO.- La extitular de Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado, Rosario Robles Berlanga, procesada desde hace mas de un año por presuntas omisiones que habrían facilitado desvíos de sus dependencias bajo el esquema de La Estafa Maestra, se declaró formalmente inocente ante el juez, y acusó presiones de la Fiscalía para que delate a exfuncionarios a cambio de recibir beneficios.
En su respuesta oficial a la acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) en agosto pasado, Robles pidió al juez que cite a 15 funcionarios y exfuncionarios al juicio, entre ellos el exoficial Mayor de sus dependencias Emilio Zebadúa, personaje clave en el entramado de La Estafa Maestra, y al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo.
Además, acusó a la FGR de caer en una ilegalidad al pretender que ella cubra un pago superior a 5 mil millones de pesos por reparación del daño, pese a que no la responsabiliza de habérselos robado ni presenta una sola prueba relacionada con el destino final del dinero.
La respuesta de Robles a la acusación de FGR, a la que Animal Político tuvo acceso, es un documento de 42 páginas enviado al juez federal el pasado 21 de septiembre. En dicho escrito -como lo marcan las reglas del sistema penal acusatorio- la defensa fija su posición y las pruebas con las que pretende debatir en juicio los argumentos de los fiscales.
En su acusación, la FGR asegura que Robles es responsable de dos cargos de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, por no haber impedido que la Sedesol y Sedatu a su cargo firmaran convenios presuntamente irregulares con universidades y otros entes públicos que facilitaron el desvío de mas de cinco mil millones de pesos.
En contraparte, Robles sostiene que es inocente y que en todo momento ordenó que se atendieran las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que alertaban de estas irregularidades, e incluso ordenó en 2017 que se detuviera la firma de estos convenios.
“Niego total y categóricamente las acusaciones delictivas que en contra de mi persona formula la Agente del Ministerio Público de la Federación, pues se aparta de la verdad y pretende atribuirme la responsabilidad de hechos presuntamente constitutivos de delito en los que nunca he participado, ni son atribuibles a mi persona”, señala Robles.
La exsecretaria de Estado del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto advierte al juez que, desde su punto de vista, el proceso iniciado en su contra y la prisión preventiva que se le impuso desde hace mas de un año por un delito que no es grave, son resultado de una persecución política en la que se le pretende orillar a delatar a otros a cambio de un beneficio. Esto de forma similar a lo ocurrido en otros casos como el de Emilio Lozoya.
“En palabras del propio Fiscal General de la República, se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión… por no ser solidaria con el Estado”, dejando entrever que para obtener la libertad “debo delatar a otros funcionarios”, señala Robles.
En ese contexto, la defensa de la exfuncionaria añade que la acusación de FGR de que “no hizo nada” para evitar el presunto desvío de recursos es insostenible por dos razones fundamentales.
La primera de ellas es porque al momento en que se firmaron y ejecutaron los 18 convenios que Sedesol firmó con universidades de 2013 a 2015, y los 7 convenios que por su parte firmó Sedatu en 2016, no había notificaciones o señalamientos de los órganos de control sobre que este tipo de contrataciones fueran ilegales.
