Interponen controversias para echar atrás seguridad al gobernador

Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- La bancada de Morena y PT, presentaron cuatro acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para dar marcha atrás a diversas acciones aprobadas en la pasada legislatura.

Al terminar la sesión de este miércoles, los diputados morenistas, explicaron que las acciones buscan, entre otros temas, quitar la seguridad al gobernador al concluir su mandato.

Pero también la posibilidad de que el Fiscal General de Justicia del Estado, permanezca en el cargo hasta el 2027, entre otros ordenamientos, aprobados en el último periodo de la 64 Legislatura.

Una de las acciones presentadas ante la Suprema Corte, fue la probada el 23 de septiembre por la anterior legislatura, para que el Fiscal del Estado permanezca en el cargo hasta el 2027 y que la remoción del cargo solo podrá ser promovida por el gobernador, por causas graves que establezca la ley, siendo aprobada en un plazo de diez días, por el voto del al menos dos terceras partes de los miembros del Congreso.

“Cuando a nivel federal, solo se necesita la mitad de los legisladores presentes, al final de cuentas, es una acción que va para beneficiar y quedarse con el fiscal, muchos años”, comentó el diputado Marco Gallegos Galván.

Por su parte el legislador de Morena, Humberto Prieto Herrera, explicó que la segunda acción presentada, pretende también derogar lo aprobado el pasado 9 de septiembre por los diputados de la 64 Legislatura que elevó a rango de constitucional, la seguridad para el gobernador y los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia.

“El Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes, durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables, en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten”, se señala en la propuesta realizada, en la que se adicionó un segundo párrafo a la fracción 1 del artículo 19 Bis de la Constitución del Estado.

“Es a costo del erario de los tamaulipecos, entonces metimos esta acción de inconstitucionalidad y estoy seguro que la suprema Corte nos va a dar la razón y poder regresar un poco, la legitimiad a este Congreso”, señaló Prieto Herrera.

El morenista Eliphalet Gómez Lozano, explicó en qué consiste la tercer acción de inconstitucionalidad, promovida, “en el tema del gasto público y del presupuesto público, nos están quitando a nosotros como Congreso, la facultad de estar tratando el tema de egresos”, señaló.

Finalmente, Alberto Granados Favila, señaló que la cuarta demanda de inconstitucionalidad, es para dar marcha atrás al Decreto 64/786, mediante el cual se expidió la Ley Orgánica de centros de conciliación laboral del estado.

“Entre otras razones, queremos que no sean privadas, que todo sea público, que sea una transparencia, esta es la manera en que queremos seguir trabajando y la manera porque hemos presentado esas acciones de inconstitucionalidad”, señaló.

De acuerdo con el diputado Marco Gallegos Galván, una de las razones para promover sendas acciones, es porque no cumplen con el principio de generalidad, “las leyes tienen que hacerse para beneficiar a todo el pueblo tamaulipeco y esas están dirigidas a solucionarle algunos temas a determinadas personas, es un principio básico de la creación de leyes”, comentó el diputado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso el Estado, señaló que estas son las primeras acciones, con las que pretenden desarticular el trabajo realizado por el Congreso en la 64 legislatura, para blindar estos temas.

Sobre el tema del desafuero del gobernador del Estado, dijo que habrá que esperar, anunciando que pronto presentarán más acciones de este tipo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En el mes estaremos presentando más acciones de inconstitucionalidad y seguiremos con todo lo que se hizo, sobretodo lo que se hizo en el último periodo de la Legislatura 64, que es donde se buscó complicar todo esto”.

Insistiendo que en el tema de la declaratoria de procedencia (desafuero) del mandatario, “toda la institución, que tiene que ver con la Cuarta transformación, hablo del partido, la cámara de senadores, nosotros, estamos buscando que se acelere el proceso, lo que deseamos es que la gente no viva en la incertidumbre en ese sentido”, comentó.